Rivas Puede reclama una explicación sobre el origen de la deuda por la que se demanda a la EMV


emv-alquilerRivas Vaciamadrid, 19 de septiembre de 2016

Rivas Puede ha reclamado al Consejo de Administración de la EMV y al Gobierno municipal de Rivas una explicación pública “a toda la ciudadanía” acerca del origen de la deuda que la Empresa Municipal de la Vivienda mantiene con la constructora Ortiz, la cual ha demandado a la empresa pública local ante los tribunales. La candidatura de unidad popular ripense votó a favor del inicio de acciones judiciales para intentar anular los efectos del contrato que ha generado esa deuda, cercana en estos momentos a los cinco millones de euros, pero considera que “el origen de la misma no está claro”.

Rivas Puede ha reclamado al Gobierno municipal, por medio del presidente y la consejera delegada del Consejo de Administración de EMV (que son el Alcalde y la concejala de Urbanismo del gobierno ripense, respectivamente), una “explicacion pública” del origen de la deuda que actualmente la EMV mantiene con la constructora Ortiz, fruto del impago de parte de las cantidades que debían abonarse a ésta.

La deuda se origina en la subrogación que la EMV hizo respecto a un contrato previo existente entre IVIMA y el Grupo Ortiz, por el cual este último se comprometía a construir varios bloques de viviendas para realojo, en las zonas cercanas al centro de salud Primero de Mayo y a la calle Frida Kahlo, a cambio de unos derechos de superficie sobre esas viviendas. A causa de esa subrogación, el Grupo Ortiz recibiría una cantidad cercana a los 1’1 millones de euros anuales, mientras que el importe de los alquileres de las viviendas generan a la EMV una cantidad que no alcanza, en el mejor de los casos, los 500.000 euros.

La deuda comenzó a originarse cuando, en 2013, responsables de la EMV decidieron dejar de pagar al Grupo Ortiz el importe mensual especificado, aparentemente sobre la base de considerar abusivas las condiciones del mismo. El problema está en que no se ha encontrado ningún acta de la EMV en la que figure acuerdo alguno para dejar de pagar las cantidades, ni tampoco hay ningún acta de la Junta de la EMV u otros órganos municipales en la que se apoye dicha decisión. Se trata, por tanto, de la “ausencia de un acto administrativo legítimo que justifique tal decisión”.

El Grupo Ortiz, según Rivas Puede, “es uno de los que se ha visto envuelto en más tramas de corrupción de las que actualmente ocupan a los tribunales de este país”. Además, asegura la segunda formación política ripense, “el contrato en el que se subrogó en su día la EMV puede calificarse de abusivo”, ya que, según estima Rivas Puede, “la construcción de las viviendas no debió superar los cinco millones de euros, mientras que el canon a pagar a Ortiz por los derechos de superficie, que se prolongan hasta 2023, pueden llegar a suponer en torno a 23 millones”.

En este contexto, Rivas Puede exigió a los responsables de la EMV, en el consejo de administración de la empresa realizado el pasado 14 de septiembre, que “se ofrezca a la población de Rivas una explicación detallada de quién tomó la decisión de dejar de pagar unilateralmente las cantidades, ya que eso ha generado una demanda judicial que puede resultar muy onerosa para el Ayuntamiento”, así como las razones de la decisión y el procedimiento que se siguió.

Sin embargo, Rivas Puede asegura que “en el Consejo de Administración nuestro representante votó a favor de que la EMV y el Ayuntamiento estudiase las medidas judiciales que mejor pueden contribuir a defender los intereses de la empresa y del patrimonio municipal, en la medida en que estamos convencidos de que el contrato en que se subrogó la empresa es totalmente abusivo”.

“Estamos de acuerdo en hacer lo posible para que un grupo empresarial de esta naturaleza no termine haciéndose con las viviendas que construyó, porque eso iría inmediatamente en contra del mantenimiento de la vivienda por parte de muchos inquilinos que actualmente las habitan. Sin embargo, la actuación unilateral adoptada en su día ha generado una situación de la que se derivarán, como mínimo, unos costes por intereses de cantidades no pagadas”, asegura Rivas Puede, cuyo comunicado finaliza asegurando que “una institución como el Ayuntamiento, y también las empresas públicas que de él dependen, tienen que atenerse siempre a la ley, y no puede adoptarse una medida como la del impago si no se realiza algún acto administrativo en que se aquél se apoye”.

 

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*