Avanza la ‘Querella Argentina’ en España


La juez argentina María Servini de Cubría, instructora de la 'Querella Argentina'

La juez argentina María Servini de Cubría, instructora de la ‘Querella Argentina’

Hay novedades positivas en lo relacionado con la Querella Argentina. La causa que la juez Servini sigue en Argentina contra los crímenes del franquismo dio un paso adelante en septiembre, cuando el ministerio de Justicia tuvo que tramitar el exhorto lanzado por la magistrada para que diferentes juzgados españoles le permitieran acudir personalmente a ellos para tomar declaración a diversos testigos de esos crímenes. El ex-dirigente del PCE Gerardo Iglesias presta declaración hoy, 4 de octubre, por estos hechos.

La juez Servini tiene previsto, pues, acudir este mes de octubre a diversas localidades españolas para tomar declaración en la causa contra los crímenes del régimen franquista. Esto puede considerarse todo un acontecimiento porque supone la ruptura de una primera barrera que el Estado español ha querido poner a la iniciativa. Las personas de distinta procedencia que han venido aportando sus testimonios, propios o de terceros, al respecto de la represión del franquismo durante cuarenta años, podrán dar cuenta de los mismos ante la juez en persona. Una de las primeras finalidades de esta querella podrá, así, verse cumplida: la de que la voz de aquellas personas que sufrieron la represión, o de sus familiares, sea escuchada oficialmente.

En este contexto, hoy, 4 de octubre, el ex-dirigente del PCE, Gerardo Iglesias, presta declaración en en el Juzgado de Instrucción número 4 de Uviéu por estos motivos. Iglesias sufrió torturas en tiempos de la dictadura franquista y es el primer firmante de la querella en Asturias.

El exhorto de la juez Servini fue lanzado a causa de la reiterada negativa de la Justicia española a cumplir con las obligaciones impuestas por los tratados que en materia legal tiene suscritos el Estado Español. Y no sólo las obligaciones, sino las continuadas recomendaciones de organismos internacionales, como diversas agencias de la ONU, que repetidamente han advertido que los argumentos españoles para desoír las peticiones internacionales contra los crímenes del franquismo, no son de recibo. Son argumentos basados en la recalcitrante invocación de la Ley de Amnistía de 1977, una ley que internacionalmente se reconoce como incluida entre las leyes de “punto final”, no admitidas por el Derecho Internacional.

 

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